El Estadio Quisqueya Juan Marichal no es simplemente un escenario deportivo. Es un símbolo del béisbol dominicano, la casa de generaciones de fanáticos y una infraestructura estratégica para el país. Por eso resulta indignante que, después de una importante inversión pública para su reacondicionamiento, hoy vuelva a ser noticia por su deterioro tras la realización de eventos artísticos.
El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, lo dijo con claridad y sin rodeos: “es inaceptable”. Y tiene razón.
Hace apenas semanas, el Estado dominicano destinó alrededor de 500 mil dólares para rehabilitar el terreno del estadio, dejándolo en condiciones óptimas para los juegos de exhibición entre la selección dominicana del Clásico Mundial de Béisbol y los Detroit Tigers, en la ruta hacia el Clásico Mundial 2026. El propio ministro recordó que el terreno estaba “impecable” después de esa intervención y lamentó que, tras varios conciertos, el outfield presentara un deterioro alarmante.
No se trata de estar en contra de los conciertos. La convivencia entre deporte y espectáculos es posible y ocurre en todo el mundo. El problema no es el evento artístico, sino la irresponsabilidad con la que muchas veces se administra el después. Quien usa una instalación pública debe tener la obligación moral, contractual y financiera de devolverla en las mismas condiciones en que la recibió.
No puede ser que el Estado invierta millones y luego nadie responda por los daños. Como advirtió Cruz, “debe haber un régimen de consecuencias”. Esa frase debería convertirse en política pública.
El ministro incluso comparó el caso con el Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde se han realizado conciertos multitudinarios de artistas como Bad Bunny, Romeo Santos y Karol G sin que la instalación quedara destruida. Su reflexión fue contundente: cuando se quiere, se puede hacer bien.
Entonces, la discusión no debe centrarse en prohibir conciertos en el Quisqueya, sino en exigir garantías reales: protección del terreno, supervisión técnica, pólizas de responsabilidad, sanciones automáticas por daños y reposición inmediata por parte de los organizadores. El estadio no puede seguir siendo víctima de la improvisación.
Más aún cuando el país busca fortalecer su imagen internacional en el béisbol y proyectarse como sede de grandes eventos deportivos. No se puede hablar de modernización mientras se descuida el principal parque de pelota de la capital.
Cada concierto puede generar ingresos; pero ningún ingreso justifica destruir patrimonio público. El Quisqueya no puede ser tratado como un solar ni como parte de un reparto sin responsables, como también denunció el ministro.
Quien entre al estadio para producir un espectáculo debe salir dejando el mismo terreno, la misma dignidad y el mismo respeto por una instalación que pertenece a todos.
Porque el Estadio Quisqueya Juan Marichal no necesita más promesas: necesita cuidado, reglas claras y consecuencias reales.



