Ante la abstención electoral han surgido propuestas para incentivar económicamente el voto e incluso establecerlo como obligatorio. Algunas plantean descuentos en trámites oficiales para quienes ejerzan el sufragio, mientras otras sugieren convertir el voto en un deber ciudadano con excepciones determinadas.
Pero hay una pregunta que no debería quedar fuera del debate: ¿queremos ciudadanos que voten porque creen en la democracia o ciudadanos que voten porque temen una sanción o esperan recibir un beneficio?
La diferencia es fundamental.
El voto es uno de los principales instrumentos de participación democrática. Por eso, el objetivo de las instituciones no debería ser simplemente aumentar el porcentaje de personas que entran a un recinto electoral. El verdadero desafío es conseguir que esas personas lleguen convencidas de que su decisión importa.
Un ciudadano que no vota puede estar desinteresado, pero también puede estar decepcionado. Puede considerar que ninguna opción representa sus intereses, puede sentirse alejado de los partidos políticos o sencillamente entender que su voto no cambiará el resultado.
No resulta coherente pedirle a la población que participe más mientras persisten cuestionamientos sobre la representatividad del sistema político. El propio debate electoral ha puesto sobre la mesa la necesidad de revisar las circunscripciones, el sistema de representación y el financiamiento de los partidos, precisamente para procurar que el voto ciudadano tenga una traducción más efectiva en representación política.
Por eso, antes de imponer el voto obligatorio, deberíamos preguntarnos qué estamos haciendo para que votar vuelva a ser atractivo.
También es válido reconocer que existen ciudadanos para quienes acudir a las urnas representa un costo. El transporte, la distancia hasta los centros de votación y otras dificultades pueden convertirse en obstáculos reales, especialmente para los sectores más vulnerables. Los incentivos planteados buscan precisamente compensar parte de esos costos.
Leer Más
Sin embargo, convertir el sufragio en una especie de transacción tampoco parece ser la solución definitiva.
La democracia no debería decirle al ciudadano: “vote y recibirá un descuento”. Debería poder decirle: “vote porque su decisión cuenta”.
Y para conseguirlo hay que trabajar en algo mucho más profundo que la asistencia a las urnas: la confianza.
Los partidos políticos tienen una responsabilidad enorme. No pueden reclamar mayor participación ciudadana únicamente durante las campañas. La ciudadanía también debe sentir que sus representantes escuchan, cumplen y rinden cuentas cuando terminan las elecciones.
De igual manera, las instituciones electorales deben continuar fortaleciendo la transparencia, la educación cívica y las garantías del proceso. La persecución efectiva de los delitos electorales y el combate a la desinformación son igualmente importantes para proteger la voluntad popular.
El voto obligatorio merece ser discutido, pero con prudencia.
Obligar a una persona a acudir a las urnas puede aumentar la participación estadística, pero no necesariamente aumenta la calidad de la democracia. Una persona puede ser llevada al colegio electoral y, aun así, continuar desconectada de la política, votar sin información o incluso depositar un voto nulo.
La democracia no puede medirse únicamente por cuántas personas votaron.
También debe medirse por cuánto confían esas personas en las instituciones, cuánto conocen las propuestas que están eligiendo y cuánto sienten que su participación produce consecuencias reales.
Por eso, la República Dominicana debería concentrarse primero en eliminar las barreras que dificultan votar, fortalecer la educación electoral, mejorar la representación política, combatir la compra y manipulación del voto y exigir mayor responsabilidad a los partidos.
Después de hacer eso, el país podrá discutir con mayor serenidad si el voto obligatorio es necesario.
Porque el problema no es solamente que haya ciudadanos que no voten.
El problema mayor sería conseguir que voten millones de personas y que, aun así, sigan sintiendo que nadie los representa.
La democracia necesita participación, sí. Pero necesita algo todavía más importante: ciudadanos que crean que participar vale la pena.
El desafío no debe ser obligar a votar. El desafío debe ser lograr que nadie quiera quedarse en casa.
