El Gobierno de la República Dominicana condenó las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien afirmó que en ese país «no volverán a haber elecciones», y reiteró su compromiso con la defensa de la democracia, el Estado de derecho y el derecho de los pueblos de las Américas a elegir libremente a sus gobernantes.
La posición oficial fue expresada por el presidente Luis Abinader y difundida a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), en el que se califican las declaraciones de Ortega como un abierto desconocimiento de los principios fundamentales de la democracia representativa y del derecho del pueblo nicaragüense a escoger a sus autoridades mediante elecciones libres, periódicas, transparentes y plurales.
Invoca la Carta Democrática Interamericana
El Gobierno dominicano recordó que el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana establece que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y que los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla.
Asimismo, señaló que las elecciones periódicas, el sufragio universal y secreto, el pluralismo político, el respeto a los derechos humanos y el acceso al poder conforme al Estado de derecho constituyen elementos esenciales e irrenunciables de la democracia representativa.
Llama a garantizar los derechos políticos
La República Dominicana sostuvo que ningún gobierno puede atribuirse el derecho de impedir que un pueblo exprese periódicamente su voluntad mediante el voto ni eliminar de manera unilateral la vía electoral como mecanismo legítimo para la alternancia en el poder.
En ese sentido, exhortó a las autoridades nicaragüenses a rectificar su posición y garantizar plenamente los derechos políticos y las libertades fundamentales del pueblo de Nicaragua, incluyendo su derecho a participar en elecciones auténticas, competitivas y democráticas.
El Gobierno dominicano reiteró que mantiene un compromiso firme con la defensa de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho, principios que forman parte de las obligaciones asumidas por los países del continente.
