El Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), el Tribunal Superior Electoral (TSE), entidades sociales y partidos políticos plantean implementar un sistema de incentivos para el sufragio y debatir la posibilidad de establecer el voto obligatorio como mecanismos para reducir la abstención electoral.
El estudio plantea que podrían otorgarse estímulos materiales, como descuentos en tasas de trámites oficiales para pasaportes, licencias de conducir o certificaciones del estado civil, con el propósito de compensar el costo económico del traslado hacia los recintos electorales, especialmente para los sectores más vulnerables.
Otra de las propuestas recogidas en el informe es que la Junta Central Electoral (JCE) evalúe la presentación de un anteproyecto de ley para convertir el voto en un deber obligatorio, con excepciones estrictas. Los defensores de esta medida consideran que podría contribuir a neutralizar prácticas como el retiro de documentos de identidad, aunque el propio informe reconoce que genera un debate sobre la libertad de elección.
El documento también señala que Capel y el TSE consideran que una parte considerable de las circunscripciones nacionales son de tamaño reducido, lo que dificulta que métodos de distribución de escaños como el sistema D’Hondt funcionen con plena proporcionalidad.
En ese sentido, el TSE plantea rediseñar las demarcaciones electorales y unificar circunscripciones pequeñas para crear distritos más amplios, con el objetivo de lograr una representación más fiel al voto ciudadano y reducir la percepción de que apoyar opciones minoritarias no se traduce en representación legislativa.
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El estudio también propone modificar el esquema de financiamiento público de los partidos políticos para que la distribución de los recursos sea proporcional al apoyo popular recibido y evitar que el sistema financiero se convierta en una barrera para la alternancia y la participación de nuevas fuerzas políticas.
En cuanto a la seguridad y persecución de delitos electorales, la Procuraduría General de la República plantea una reforma legislativa para clarificar el catálogo de delitos y establecer conductas con verbos rectores claros que faciliten la labor judicial.
La Procuraduría también propone crear una normativa específica sobre desinformación digital para responder con rapidez ante contenidos falsos que puedan buscar sabotear la jornada electoral.
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Asimismo, recomienda crear grupos de policía técnica electoral en cada demarcación, capacitados en técnicas de arresto especializado y cadena de custodia de evidencias como dinero o documentos de identidad.
Para agilizar la respuesta judicial durante las elecciones, plantea además estandarizar el uso de la firma digital con los jueces de todo el país, de manera que las órdenes de allanamiento puedan ser otorgadas en minutos durante la jornada electoral.
