El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso la detención inmediata de cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero, ubicado en la provincia de San Juan, en una decisión que reafirma el compromiso de su Gobierno con la escucha activa, la responsabilidad institucional y el respeto a la voluntad popular.
Durante un mensaje dirigido a la nación, el mandatario explicó que la medida responde a las preocupaciones expresadas por amplios sectores de la población sobre el impacto ambiental y social que podría generar la iniciativa minera.
“Este Gobierno escucha. Escucha con atención, con respeto y con responsabilidad. Y cuando la ciudadanía expresa inquietudes y preocupaciones, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia”, manifestó el jefe de Estado.
Rechazo social impide continuidad del proyecto
Abinader recordó que, conforme a lo establecido en la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como sus reglamentos de aplicación, si una comunidad rechaza de forma masiva un proyecto de esta naturaleza, no resulta viable continuar con su desarrollo.
En ese sentido, sostuvo que la decisión se adopta en estricto apego a la legislación vigente y en defensa del interés colectivo.
“Mi compromiso es con el país, con su gente y con su futuro”, expresó.
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Proyecto data desde 2005
El presidente precisó que el proyecto Romero no es reciente, ya que su origen se remonta a concesiones de exploración otorgadas en el año 2005 y reiteradas en 2010.
Posteriormente, en 2015 y 2018 se realizaron renovaciones y autorizaciones para estudios técnicos que permitieron definir el alcance de la iniciativa.
Sin embargo, aclaró que durante la actual gestión gubernamental el proyecto únicamente se ha mantenido en fase de evaluación ambiental, sin que exista autorización alguna para su explotación.
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Gobierno prioriza sostenibilidad y paz social
Con esta decisión, el Gobierno busca garantizar la protección de los recursos naturales, preservar la estabilidad social en la provincia de San Juan y fortalecer la confianza ciudadana en los procesos de toma de decisiones relacionadas con proyectos de alto impacto ambiental.
La disposición presidencial ha sido interpretada como una señal de prudencia institucional y de respaldo a las comunidades que habían manifestado su oposición a la explotación minera en la zona.
