TC sanciona a cuatro entidades estatales por incumplir sentencias

Las decisiones acumulan RD$1.47 millones en astreintes a favor de dos ciudadanos afectados por el incumplimiento de órdenes judiciales

Santo Domingo, RD
Sede del Tribunal Constitucional.
Sede del Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional (TC) emitió dos nuevas sentencias mediante las cuales sancionó a distintas instituciones del Estado por incumplir órdenes establecidas en fallos judiciales anteriores.

En conjunto, las decisiones TC/0844/26 y TC/0851/26 acumulan RD$1,470,000 en astreintes, multas conminatorias destinadas a los ciudadanos afectados por la inacción de las entidades públicas.

Mediante la sentencia TC/0844/26, la Alta Corte acogió la solicitud de liquidación de astreinte presentada por Isidro Díaz Rosario y condenó a la Dirección General de la Policía Nacional al pago de RD$520,000.

La sanción se produce por el incumplimiento de la sentencia TC/1104/24, del 30 de diciembre de 2024, mediante la cual el TC había ordenado a la institución policial entregar de inmediato la documentación relacionada con una investigación seguida contra Díaz Rosario por presunta deserción, además de un informe sobre el estado del proceso.

En la segunda decisión, correspondiente a la sentencia TC/0851/26, el Tribunal Constitucional acogió la solicitud de liquidación de astreinte presentada por Yolanda del Carmen Solís de Rosario.

El TC sancionó solidariamente al Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA), la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP) y el Ministerio de Hacienda con el pago de RD$950,000.

El caso se originó en una acción de amparo presentada por la docente jubilada, quien reclamaba la restitución de la pensión que le había sido otorgada mediante el Decreto núm. 364-92, de diciembre de 1992.

Ordenaban reactivar pensión y pagar valores retroactivos

En la sentencia TC/1463/25, del 22 de diciembre de 2025, el Tribunal Constitucional había dispuesto que INABIMA transfiriera a la DGJP las cotizaciones correspondientes a los años trabajados por la accionante en el Ministerio de Educación.

Además, ordenó coordinar la reactivación inmediata de la pensión, mientras que a la DGJP y al Ministerio de Hacienda les correspondía ejecutar dicha reactivación y pagar los valores adeudados de manera retroactiva desde el 17 de agosto de 2021.

Con estas dos nuevas decisiones, el TC vuelve a aplicar astreintes ante el incumplimiento de órdenes contenidas en sentencias constitucionales.

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