La Policía Nacional y el Ministerio Público investigan a Ángel Gabriel Capellán, de 69 años, quien figura como pastor de una fundación ubicada en el sector Las Paredes, municipio de Haina, luego de que un menor de 12 años denunciara presuntos maltratos y explotación laboral.
La investigación se inició el pasado 28 de agosto, cuando el niño se presentó en el destacamento policial de Hatillo tras presuntamente escapar del lugar, donde habría permanecido junto a otros menores bajo el control de un hombre conocido como “El Pastor” o “El Capellán”.
Menor habría denunciado maltratos
De acuerdo con el relato del niño, habría sido sometido a maltratos y obligado a realizar labores relacionadas con la construcción y la agricultura.
A partir de esta información, los investigadores realizaron labores de inteligencia, verificación y levantamiento de evidencias, que permitieron establecer de manera preliminar que el hombre señalado sería Ángel Gabriel Capellán, quien figura como pastor de la entidad intervenida.
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Rescatan a 14 menores
La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes, realizó dos allanamientos en el marco de la investigación.
Durante los operativos fueron rescatados 14 menores de edad, incluidos infantes, mientras que más de 10 personas fueron detenidas para fines de investigación y puestas a disposición del Ministerio Público.
La investigación contempla posibles hechos de maltrato infantil, explotación laboral y una eventual situación de trata de personas.
Investigan situación de los menores
Según las informaciones recabadas hasta el momento, la fundación intervenida tendría como finalidad brindar asistencia a familias en condiciones de vulnerabilidad y personas huérfanas.
Asimismo, las autoridades han establecido que algunas madres habrían entregado temporalmente a sus hijos debido a dificultades económicas. Estas circunstancias son investigadas para determinar si se produjeron vulneraciones a los derechos de los menores.
Los niños, niñas y adolescentes rescatados permanecen bajo protección de las autoridades competentes, donde reciben evaluaciones médicas, psicológicas y sociales.
La Policía Nacional y el Ministerio Público continúan profundizando las investigaciones para esclarecer las circunstancias de los hechos, determinar posibles responsabilidades y establecer si se configuran infracciones penales, respetando el debido proceso y la protección integral de los menores.
