El presidente Luis Abinader promulgó la Ley 25-26, que crea el sistema nacional «Alertas RD», una herramienta diseñada para agilizar la búsqueda de personas desaparecidas y eliminar la creencia de que es necesario esperar horas o días para iniciar una investigación.
La nueva normativa establece que cualquier denuncia de desaparición podrá ser presentada de manera presencial o vía telefónica y que la activación de la alerta deberá realizarse de forma conjunta entre la Policía Nacional y el Ministerio Público de manera inmediata, sin exceder las 24 horas desde el reporte.
Respuesta rápida ante casos de desaparición
Con la entrada en vigor de la ley, las autoridades estarán obligadas a poner en marcha los protocolos de búsqueda desde las primeras horas, priorizando la protección de la vida y la integridad de las personas desaparecidas.
El sistema permitirá la difusión masiva y en tiempo real de información relevante a través de medios de comunicación, redes sociales, plataformas digitales, terminales de transporte y boletines oficiales, aumentando las posibilidades de localización.
Alertas según el perfil de la persona desaparecida
La legislación crea distintos tipos de alertas especializadas:
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- Alerta Amber: para niños, niñas y adolescentes desaparecidos.
- Alerta Silver: para adultos mayores de 65 años.
- Alerta Azul: para personas con discapacidad física o mental.
- Alerta Rosa: para mujeres desaparecidas en contextos de violencia de género o trata de personas.
Registro nacional y coordinación interinstitucional
La ley también crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, una base de datos centralizada administrada por la Policía Nacional, que permitirá un seguimiento más eficiente de cada caso.
Además, se establece el Consejo Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, integrado por diversas instituciones del Estado, con el objetivo de coordinar y fortalecer las acciones de búsqueda en todo el territorio nacional.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca garantizar una respuesta más rápida, coordinada y efectiva ante situaciones de desaparición, reforzando la protección de los derechos fundamentales de la población.
