El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, calificó como una decisión “histórica” la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional contra los principales implicados en las operaciones Coral y Coral 5G, por corrupción administrativa.
Tras conocerse el fallo, que impuso penas de hasta 20 años de prisión a varios de los acusados, Camacho sostuvo que la decisión representa una importante victoria para el sistema de justicia dominicano y para el trabajo realizado por el Ministerio Público durante el proceso.
“En este caso el tribunal ha condenado a 29 personas, evidentemente esta es una sentencia ejemplar y una victoria del Ministerio Público”, expresó el magistrado al valorar el alcance de la decisión judicial.
Camacho destacó además que el tribunal impuso condenas de entre 10, 15 y 20 años de prisión a quienes identificó como la plana mayor de la estructura criminal investigada, lo que, a su juicio, marca un precedente relevante en la lucha contra la corrupción administrativa.
“La que ha dado el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional es una decisión histórica que ha condenado entre 10, 15 y 20 años a la plana mayor de esta estructura criminal”, afirmó.
El titular de Persecución consideró que el fallo constituye un reconocimiento al trabajo desarrollado por los fiscales y al proceso de investigación que sustentó la acusación presentada ante los tribunales.
“Esta sentencia es un reconocimiento al trabajo del Ministerio Público y a la fortaleza de la investigación”, agregó.
Asimismo, manifestó su expectativa de que futuras decisiones judiciales continúen fortaleciendo el combate contra la corrupción y contribuyan a reducir los niveles de impunidad en el país.
“Esperamos que los tribunales sigan enviando señales de esta naturaleza que nos permitan seguir empujando la frontera de la impunidad”, enfatizó Camacho.
La sentencia incluyó condenas de hasta 20 años de prisión contra varios exfuncionarios militares y policiales vinculados al entramado de corrupción que, según estableció el tribunal, operó mediante la sustracción de fondos públicos de distintas instituciones estatales.
