La intervención de Ueno Bank dejó a cerca de 2,9 millones de clientes sin acceso inmediato a sus cuentas y puso bajo presión recursos de instituciones públicas. La crisis financiera pronto se convirtió en una crisis política: el Congreso destituyó al entonces presidente Santiago Peña y, días después, la Fiscalía presentó cargos en su contra.
¿Por qué intervino el Banco Central?
El Banco Central del Paraguay dispuso iniciar el procedimiento de resolución de la entidad luego de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo requerido. El regulador atribuyó el déficit a ajustes en los estados financieros realizados durante un proceso de regularización.
La medida suspendió las operaciones del banco mientras las autoridades avanzan con el proceso. La decisión dejó a clientes y comercios sin acceso normal a los servicios de la entidad y abrió interrogantes sobre la recuperación de los depósitos.
¿Qué recursos públicos están comprometidos?
Una de las mayores exposiciones corresponde al Instituto de Previsión Social (IPS), que mantiene unos US$355 millones en Ueno Bank, entre depósitos a plazo y a la vista. El IPS administra fondos de pensiones y también procesa pagos para jubilados.
El alcance de las pérdidas o recuperaciones dependerá del procedimiento de resolución y del orden legal de pago a los acreedores.
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¿Cómo pasó de crisis bancaria a crisis política?
Los vínculos empresariales atribuidos a Peña con el grupo relacionado con Ueno se convirtieron en foco de cuestionamientos. La Cámara de Diputados aprobó iniciar un juicio político. Peña presentó su renuncia, pero el proceso continuó y el Senado lo destituyó el 6 de noviembre, según reportes de prensa.
La Fiscalía abrió una investigación y posteriormente presentó cargos contra el exmandatario por presuntos delitos vinculados con el caso. Esas acusaciones deberán resolverse en los tribunales.
¿Qué sigue para los clientes?
El principal desafío inmediato es que los depositantes puedan recuperar sus fondos y que se determine cómo se pagarán las obligaciones del banco. También está en juego la confianza en el sistema financiero y en la supervisión estatal, mientras avanzan tanto la resolución bancaria como las investigaciones judiciales.
