Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos confirmó parcialmente este viernes un fallo de primera instancia que limita una política del gobierno de Donald Trump para deportar a migrantes indocumentados hacia países distintos a los de su nacionalidad.
El panel, integrado por tres jueces, determinó que las personas que enfrentan una expulsión hacia un “tercer país” deben recibir con suficiente antelación una notificación clara sobre el lugar al que serán enviadas, con el objetivo de que puedan plantear objeciones si consideran que podrían ser perseguidas allí.
El Congreso estadounidense ha establecido como política de Estado no deportar a personas hacia países donde su vida pueda correr peligro o donde puedan ser sometidas a tortura.
El juez Seth Aframe, quien escribió la decisión en nombre del panel unánime, señaló que el derecho de una persona a impugnar su expulsión por temor a persecución pierde efectividad si no recibe previamente información sobre el destino previsto y una oportunidad significativa para cuestionarlo.
El magistrado también sostuvo que la política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) podría negar el acceso a esa protección a una amplia cantidad de personas enviadas a terceros países sin recibir información previa sobre su destino.
Estas deportaciones forman parte de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump. Según el reporte, cientos de migrantes hispanos han sido enviados a países africanos, entre ellos la República Democrática del Congo.
Se espera que el gobierno de Trump apele el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
El gobierno estadounidense defiende los traslados a terceros países como una medida necesaria, argumentando que en algunos casos los países de origen de las personas sujetas a expulsión se niegan a recibirlas.
