Una comitiva del Ministerio de Justicia realizó un levantamiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago de los Caballeros, y en el Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, en La Vega, como parte del proceso para fortalecer la protección de los derechos dentro del sistema penitenciario y correccional.
La iniciativa, encargada por el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, contempla la implementación de Oficiales de Derechos Humanos en los centros penitenciarios, con el objetivo de establecer mecanismos permanentes de monitoreo y protección de las personas privadas de libertad y de quienes interactúan con estos recintos.
¿Qué evaluó la comitiva?
La delegación estuvo integrada por Noel Sued Canahuate, viceministro de Derechos Humanos; Juan Dionicio Rodríguez, viceministro de Políticas Públicas; y Sandra Fernández, directora de Políticas Penitenciarias y Correccionales.
Durante las visitas, la comitiva realizó un levantamiento sobre las condiciones de los centros y la situación de las personas vinculadas a estos espacios.
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La evaluación incluyó a las personas privadas de libertad, el personal que labora en los centros y quienes acuden como visitantes, de acuerdo con el Ministerio de Justicia.
Una iniciativa para todas las cárceles
Rafey Mujeres y el Centro de Atención Integral para Adolescentes forman parte de los establecimientos priorizados para la implementación de los Oficiales de Derechos Humanos ante el Sistema Penitenciario y Correccional.
La misma comitiva ya había visitado en julio los centros Haras Nacionales y Las Parras, ubicados en el Gran Santo Domingo.
El proceso forma parte de las acciones de fortalecimiento institucional y busca promover una cultura de respeto a los derechos de las personas dentro del sistema penitenciario y correccional.
¿Qué harán los Oficiales de Derechos Humanos?
Los oficiales tendrán entre sus funciones velar por la protección y promoción de los derechos de las personas privadas de libertad, así como del personal penitenciario y administrativo, familiares y visitantes.
También deberán realizar un monitoreo permanente de las condiciones de los recintos, identificar situaciones que requieran intervención y elaborar informes técnicos.
Estos informes serán remitidos al Ministerio de Justicia para que la institución pueda adoptar las medidas correspondientes.
El objetivo del levantamiento
El levantamiento realizado en Santiago y La Vega permitirá conocer las condiciones de los centros y las situaciones que puedan requerir atención dentro del proceso de implementación de esta nueva figura.
Con la iniciativa, el Ministerio de Justicia plantea avanzar hacia un sistema penitenciario y correccional más humano, transparente y respetuoso de la dignidad de las personas, en consonancia con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
