El presidente de la República de Chile, José Antonio Kast, firmó este lunes el proyecto de ley de Reforma Constitucional Pro Seguridad, una iniciativa que busca fortalecer las herramientas del Estado frente al crimen organizado y el terrorismo.
La propuesta forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), impulsada por el Gobierno chileno.
Durante la firma, Kast sostuvo que el objetivo es avanzar hacia la recuperación de la seguridad para los ciudadanos y advirtió sobre los riesgos que representa el avance del crimen organizado para las instituciones y la democracia.
“No hay libertad sin seguridad”, manifestó el mandatario, al señalar que el crimen organizado puede llegar a ocupar territorios y adquirir niveles de poder que representan un desafío para el Estado.
¿Qué contempla la reforma?
De acuerdo con el proyecto presentado por el Gobierno, la Reforma Constitucional Pro Seguridad contempla varias medidas:
- Consagrar expresamente la seguridad pública como un deber del Estado.
- Crear un nuevo Estado de Excepción para zonas afectadas por organizaciones criminales o terroristas.
- Establecer un registro de organizaciones criminales y terroristas.
- Incorporar regímenes penitenciarios diferenciados para los líderes de estas organizaciones.
- Facilitar la incautación y liquidación de bienes vinculados al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, afirmó que la seguridad es una condición necesaria para ejercer otros derechos y libertades.
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Según Arrau, la reforma representa un paso frente al desafío que supone el crimen organizado y el terrorismo para el país.
Parte de una agenda de más de 30 iniciativas
La reforma constitucional se integra a la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), que contempla más de 20 proyectos de ley actualmente en el Congreso, además del ingreso de al menos una docena de nuevas iniciativas.
Con esta propuesta, el Gobierno busca modificar el marco constitucional para ampliar las capacidades del Estado frente a organizaciones criminales y terroristas.
