La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) aprobó un reglamento especial que establece las reglas para el funcionamiento y uso obligatorio del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), herramienta que será el principal canal para la gestión de los procesos de compras y contrataciones del Estado dominicano.
La disposición forma parte de las medidas impulsadas para fortalecer la transparencia, la trazabilidad y la supervisión de los recursos públicos, mediante una plataforma tecnológica centralizada.
La entidad informó que el reglamento DGCP SNCP-03-2026 entrará en vigencia a partir del 1 de julio de 2026 y será de cumplimiento obligatorio para las instituciones sujetas a la Ley 47-25, así como para proveedores y demás actores vinculados al Sistema Nacional de Contrataciones Públicas.
Según la normativa, el SECP será el mecanismo oficial para garantizar la fiscalización de los procesos de compras gubernamentales y facilitar el control ciudadano sobre la gestión pública.
Procesos fuera del sistema podrían ser anulados
Uno de los aspectos más relevantes del reglamento establece que los procedimientos de contratación deberán gestionarse a través de la plataforma electrónica para que tengan validez legal.
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La disposición advierte que los procesos realizados fuera del sistema podrían generar consecuencias jurídicas contempladas en la ley, incluyendo la nulidad del procedimiento, salvo en los casos excepcionales previstos por la legislación vigente.
Asimismo, la falta de publicación de actuaciones dentro de la plataforma podría dar lugar a sanciones cuando no exista una justificación técnica o legal que respalde el incumplimiento.
Autoridades consideran el sistema una infraestructura estratégica
El reglamento define al SECP como una infraestructura tecnológica de interés nacional debido a su impacto en la administración del gasto público, la transparencia estatal y la continuidad de los servicios gubernamentales.
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En ese sentido, cualquier acción que comprometa la seguridad, integridad o funcionamiento de la plataforma podrá ser investigada y sancionada conforme a las leyes relacionadas con ciberseguridad, protección de infraestructuras críticas y seguridad nacional.
La normativa también incorpora el principio de equivalencia funcional, mediante el cual los documentos, comunicaciones y firmas electrónicas generadas dentro del sistema tendrán la misma validez legal que los documentos físicos.
La medida busca agilizar los procedimientos administrativos y fortalecer la transformación digital de los procesos de contratación pública.
Con esta nueva regulación, la DGCP alcanza tres reglamentos especiales aprobados en el marco de las facultades otorgadas por la Ley 47-25.
Las otras normativas ya aprobadas corresponden al Reglamento de Procedimiento Administrativo Sancionador y al Reglamento del Registro de Proveedores del Estado (RPE), orientados a fortalecer la eficiencia y transparencia en la gestión de las compras públicas.
