Amnistía Internacional afirmó que Venezuela mantiene intacto su aparato represivo, a pesar de la aprobación de una ley de amnistía tras el derrocamiento de Nicolás Maduro. La advertencia fue hecha por Valentina Ballesta durante la presentación del informe anual del organismo en Bogotá.
La presidenta interina, Delcy Rodríguez, impulsó la ley para liberar presos políticos bajo presión de Estados Unidos. No obstante, Ballesta aseguró que no se han adoptado medidas concretas para eliminar las estructuras represivas del Estado.
“La política represiva sigue totalmente vigente”, sostuvo la investigadora, al indicar que no existe un plan claro para transformar el sistema.
Liberaciones parciales y críticas
Desde la detención de Maduro el 3 de enero, unas 700 personas han sido liberadas, incluidos dirigentes opositores. Sin embargo, la ONG Foro Penal denuncia que cerca de 500 presos políticos continúan encarcelados.
Aunque más de 8,000 personas han sido beneficiadas por la ley promulgada en febrero, su aplicación no es automática, ya que cada caso debe ser evaluado por los tribunales.
Aplicación discrecional
Rodríguez ha defendido la medida como “un acto de grandeza”, pero Amnistía Internacional cuestiona que la amnistía se utilice de forma selectiva, determinando quiénes son liberados y quiénes permanecen detenidos.
Ballesta insistió en que, sin reformas estructurales, las liberaciones no representan un cambio profundo en materia de derechos humanos.
