El procurador adjunto Wilson Camacho anunció que el Ministerio Público apelará la decisión del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que otorgó auto de no ha lugar a favor de los exministros Gonzalo Castillo Terrero y José Ramón Peralta, así como de otros tres acusados vinculados al expediente de la Operación Calamar.
Camacho sostuvo que la decisión contiene una errónea apreciación de varias pruebas presentadas por el órgano acusador, por lo que buscarán que la medida sea revisada en una instancia superior.
El titular de la Dirección General de Persecución explicó que el tribunal acogió testimonios presentados por el Ministerio Público, pero que, al momento de emitir los autos de no ha lugar, no realizó una valoración adecuada de esos mismos elementos probatorios.
Indicó que entre las pruebas cuestionadas figuran declaraciones de testigos y documentos que, según la acusación, comprometen la responsabilidad penal de los beneficiados con la decisión judicial.
“Es evidente que el tribunal entra en contradicción, en inobservancia y en errónea apreciación de las pruebas con relación a estos autos de no ha lugar”, afirmó Camacho al concluir la audiencia.
Donald Guerrero y otras 34 personas fueron enviadas a juicio
Pese a los autos de no ha lugar emitidos a favor de cinco acusados, el tribunal ordenó la apertura a juicio contra 35 personas físicas y jurídicas, incluyendo al exministro de Hacienda Ángel Donald Guerrero Ortiz, señalado por el Ministerio Público como una de las principales figuras dentro del entramado investigado.
También fueron enviados a juicio el abogado Ángel Lockward, el excontralor Daniel Omar de Jesús Camacho Santana, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirillo McCabe, el director de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y el exdirector de Casinos y Juegos de Azar, Julián Omar Fernández Figueroa, entre otros imputados.
Según el Ministerio Público, la estructura desmantelada mediante la Operación Calamar habría defraudado al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones a través de pagos irregulares por expropiaciones de terrenos, sobornos y otras maniobras ilícitas.
La acusación también incluye cargos por asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, lavado de activos, soborno y financiamiento ilícito de campañas políticas.
La jueza Altagracia Ramírez determinó que existen suficientes elementos de prueba para que la mayoría de los acusados enfrenten un juicio de fondo, rechazando además solicitudes de nulidad del proceso y extinción de la acción penal presentadas por las defensas.
Mientras el expediente avanza hacia la fase de juicio, el Ministerio Público se prepara para recurrir la decisión que favoreció a Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros tres imputados, insistiendo en que los 40 acusados deben responder ante los tribunales por los hechos atribuidos en la Operación Calamar.
