El presidente del Caucus Hispano del Congreso, Adriano Espaillat, encabezó esta semana un llamado junto a líderes de organizaciones latinas nacionales para rechazar el plan de reconciliación presupuestaria impulsado por legisladores republicanos, al considerar que destina miles de millones de dólares al fortalecimiento de las operaciones migratorias promovidas por la administración del presidente Donald Trump.
Durante una rueda de prensa frente al Capitolio estadounidense, Espaillat sostuvo que la propuesta presupuestaria desvía recursos que podrían ser destinados a áreas como salud, asistencia alimentaria y educación, para financiar políticas migratorias más estrictas.
El congresista afirmó que las familias trabajadoras necesitan inversiones que mejoren su calidad de vida y expresó su oposición al aumento de fondos para agencias encargadas de la aplicación de leyes migratorias.
Advierten sobre expansión de deportaciones y centros de detención
La presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS, Janet Murguía, señaló que la iniciativa otorgaría mayores recursos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza, lo que, según indicó, podría profundizar las políticas de deportación masiva.
Por su parte, Jesús García criticó la propuesta de asignar aproximadamente 70 mil millones de dólares adicionales a deportaciones y centros de detención.
Piden supervisión y protección de derechos civiles
El director ejecutivo de LULAC, Juan Proaño, advirtió que las deportaciones masivas podrían afectar a trabajadores, pequeños negocios y contribuyentes latinos.
En el encuentro también participaron Raul Ruiz, Angelica Razo y Emily Randall, quienes coincidieron en reclamar una mayor supervisión de las agencias migratorias y garantías para la protección de los derechos civiles antes de aprobar nuevos incrementos presupuestarios.
Los participantes coincidieron en que el Congreso debe evaluar cuidadosamente cualquier aumento de recursos destinados a las agencias migratorias, equilibrando las necesidades de seguridad con la protección de los derechos humanos y las prioridades sociales de las familias estadounidenses.
